miércoles, 6 de abril de 2011

¡EL PUEBLO HONDUREÑO ESTÁ ALZADO!

A pesar de la silenciación mediática, el pueblo hondureño continúa en pie de lucha. Un abrazo solidario y adelante con los sueños. 
M i M
Detrás de éstas líneas, comunicado del Frente Nacional de Resistencia Popular y un artículo del periodista Giorgio Trucchi actualizando los acontecimientos.

¡EL PUEBLO HONDUREÑO ESTÁ ALZADO!


Atendiendo al clamor del pueblo y al mandato de la Asamblea Nacional del 26 y 27 de febrero “Mártires Campesinos del Aguan”, el Frente Nacional de Resistencia Popular ha organizado y lleva a cabo un Paro Cívico Nacional con el que las grandes mayorías están demostrando contundentemente su rechazo a las políticas neoliberales, la explotación y la violación a los derechos humanos; y al mismo tiempo reafirman la confianza en su propia fuerza, en la posibilidad de crear con el poder que viene desde la base un futuro diferente y mejor. 
En todo el país, se bloquean vías de comunicación primarias y secundarias, se realizan plantones de protestas y movilizaciones frente a edificios públicos y privados, se detienen las labores en miles de centros de trabajo y se paraliza totalmente el sistema educativo. 
Es evidente que la dictadura no podrá completar sus planes de regalar nuestro país a un puñado de empresarios corruptos y compañías transnacionales. La ingobernabilidad creada por el golpe de Estado no fue subsanada con el cambio de rostro del régimen y no tendrá solución hasta que se retorne a la democracia.
Contamos con el respaldo de pueblos hermanos, sobre todo latinoamericanos, con la acción militante de la diáspora integrada en unidades de Resistencia Popular en el extranjero, y sobre todo, con la unidad de una gran cantidad de fuerzas cohesionadas en la mayor organización política y social de la historia de Honduras.
Hoy, esa gran masa popular le ordena al régimen de facto que detenga la ofensiva contra sus conquistas:
1.    Deben detenerse de inmediato los proyectos de privatización de la educación y la salud, que intentan escamotearse tras falsos calificativos de “municipalización” o “participación ciudadana”.
2.    Deben revertirse las medidas de expropiación de los fondos de previsión y ahorros de los maestros y los empleados públicos.
3.    Las presas y presos políticos deben ser liberados de inmediato y absueltos de todos los falsos cargos que se les impone.
4.    Debe detenerse el alza a los combustibles y a la canasta básica.
5.    Deben detenerse la represión contra las manifestaciones populares y la persecución, tortura y asesinato de integrantes de organizaciones populares.
6.    Debe permitirse el retorno seguro y sin condiciones del Coordinador General del FNRP, Manuel Zelaya Rosales.
La movilización que realizamos continuará indetenible hasta que se hagan respetar los derechos del pueblo.
A nuestra militancia organizada en todos los puntos de país en colectivos de resistencia la llamamos a mantenerse en pie de lucha, a soportar los embates de las fuerzas de represión de la oligarquía. Sigamos probando que es posible enfrentar las fuerzas del terror y la injusticia con acciones pacíficas, inteligentes y permanentes.
La revolución hondureña se gesta en nuestras luchas. Hoy aumentamos nuestra capacidad de movilización y articulación, así como los niveles de conciencia que ha alcanzado nuestro pueblo.

Estamos demostrando que los pobres tenemos poder y somos poder cuando nos organizamos.

¡El pueblo unido, jamás será vencido!
¡Resistimos y Venceremos!
Frente nacional de Resistencia Popular

--- El jue, 3/31/11, copinh honduras  escribió:

De: copinh honduras 
Asunto: Honduras sublevada contra el régimen
A: lacompa@listas.lacompa.org
Fecha: jueves, 31 de marzo de 2011, 12:10 am



---------- Mensaje reenviado ----------
De: Giorgio Trucchi <gtrucchi1963@gmail.com>
Fecha: 30 de marzo de 2011 15:56
Asunto: Honduras sublevada contra el régimen
Para:


Honduras sublevada contra el régimen
Violenta represión en todo el país no detiene el Paro Cívico Nacional

Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA

http://www.rel-uita.org/internacional/honduras/democradura/honduras_sublevada_contra_el_regimen.htm

La violenta represión desatada la mañana de hoy (30 de marzo) por el régimen opresor de Porfirio Lobo, no ha detenido la gran movilización popular que se ha extendido en todo el país, en el marco del Paro Cívico Nacional decretado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Pero ha dejado como saldo el ataque violento a la sede del STIBYS, disparos a matar en el Bajo Aguán y decenas de heridos en todo el territorio nacional.

Honduras amaneció hoy semiparalizada, con cortes de carreteras en todo el país. Desde primeras horas de la mañana llegaban informaciones de las diferentes movilizaciones que estaban paralizando el tráfico nacional e internacional.

En la capital Tegucigalpa, la población en resistencia se desplazó en varios puntos de la ciudad, tomándose las principales arterias y los puentes vehículares.

Mientras tanto, centenares de maestros y maestras, que luchan para que no se privatice la educación y contra la brutal represión desatada en las últimas dos semanas, se reconcentraron frente las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo la liberación de 20 colegas acusados de manifestación ilícita y sedición.

Ante esta nueva demostración de fuerza y capacidad de movilización del pueblo hondureño, el régimen sucedáneo del golpe de Estado mostró nuevamente su verdadera cara, al reprimir por segunda semana consecutiva al pueblo en resistencia.

“Están reprimiendo en todo el país, sin embargo la gente está resistiendo en Progreso, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Olancho, Colón, aquí en la capital y en muchos otros lugares. Han vuelto a tomarse las carreteras y siguen luchando”, dijo a Sirel, la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres.

“Estamos peor que en los primeros días del golpe de Estado, sin embargo la gente ha aprendido y tiene una mayor capacidad de respuesta a la represión.

Estamos defendiendo nuestros derechos, nuestra territorialidad y nuestras conquistas. Estamos convencidos de que esta movilización permanente no va a parar”, aseveró Cáceres.

La directiva del COPINH condenó también la política hipócrita de Estados Unidos, que sigue financiando los cuerpos represivos del Estado y mantiene sus tropas desplazándose en territorio hondureño.

STIBYS bajo asedio

Durante la brutal represión ordenada por el régimen hondureño, la sede del combativo Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) ha sido violentamente atacada, con un saldo de varios heridos y detenidos.

“Las organizaciones sindicales y populares tomaron las carreteras frente al STIBYS desde las 6:30 de la mañana. A las 10:30 centenares de efectivos policiales y militares nos atacaron con bombas lacrimógenas y tanquetas lanza-agua, cargadas con líquido urticante. Comenzaron a golpear salvajemente a las personas y a perseguirlas por los barrios cercanos a nuestra sede”, dijo a Sirel, el vicepresidente del STIBYS, Porfirio Ponce.

Muchas personas buscaron refugio en la sede del STIBYS. Eso no detuvo la violencia criminal.

“Desde la calle empezaron a disparar bombas lacrimógenas dentro de nuestra sede. Ya no se podía respirar, muchas personas fueron trasladadas al hospital y hay detenidos.

Pese a la represión no nos van a intimidar, ni a detener. Vamos a seguir con esta lucha, que es del pueblo hondureño en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de las conquistas sociales, por la educación y salud pública, contra las políticas neoliberales.

Este régimen –continuó Ponce- surge de un proceso viciado y es continuación del golpe. En Honduras no hay institucionalidad, y los poderes fácticos que controlan el país quieren llegar hasta las últimas consecuencias.

Pero aquí hay un pueblo que no se va a callar. Ya llevamos más de dos semanas siendo reprimidos y seguimos en la calle. Mañana vamos a movilizarnos nuevamente y hacemos un llamado a la solidaridad internacional para que denuncie lo que está pasando”, concluyó el vicepresidente del STIBYS.

Mientras se terminaba de redactar esta nota, el dirigente magisterial y directivo nacional del FNRP, Wilfredo Paz, comunicó a Sirel que la policía abrió fuego contra los manifestantes en el Bajo Aguán. El saldo es de varios heridos.

“La policía nos desalojó con violencia y comenzaron a perseguir a las personas disparando balas vivas. La gente se reagrupó y trató de volver a cortar la carretera en la zona de Sonaguera”.

Hay decenas de heridos a lo largo y ancho del país, la policía disparó contra profesores, campesinos y miembros de la Resistencia”. Además la policía invadió la Universidad Autónoma de Honduras, con igual hostilidad, los estudiantes están resistiendo pero el cerco es cada vez mayor.

Notas:

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domingo, 3 de abril de 2011

HONDURAS: Conflicto minero se prolonga

Más de 60 pobladores del céntrico valle de Siria, quienes se encuentran con altas concentraciones de plomo, arsénico y cianuro en su sangre, continúan a la espera de un dictamen oficial sobre los efectos que el agua contaminada de una mina de oro pudiera haber provocado en sus organismos.

Hace más de tres años que las autoridades sanitarias hondureñas tomaron muestras de laboratorios que fueron enviadas para su estudio a Colombia, pero se niegan a entregar resultados por escrito de las evidencias encontradas.

Entre tanto, Honduras sigue en espera de una ley de minería que, tras años de estancamiento y limbo jurídico, termine de abrir las puertas a la inversión privada, tal como esperan las multinacionales, o establezca mayores controles ambientales, como lo solicita un amplio sector de la ciudadanía.

Oro que contamina
Tras el paso del huracán Mitch en 1998, Honduras abrió sus puertas a las multinacionales, hasta el punto de que hoy un tercio de su territorio está concesionado a empresas mineras, con un total de 157 licencias de explotación.

Una de las concesiones más significativas es la mina de oro San Martín que se entregó el año 2000 a Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, la tercera mayor productora de oro en el mundo. Pronto nació la oposición a la minera ante las serias sospechas de que la misma era altamente contaminante y dañina para los pobladores de los municipios de San Ignacio, Cedros y El Porvenir, que se extienden en el valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán.

Su caso se convirtió en un paradigma de los problemas que la extracción minera a cielo abierto causa a la salud de la población. De acuerdo con denuncias del Comité Ambientalista del Valle de Siria, el agua contaminada del perímetro de la mina ha penetrado a las quebradas que son usadas para consumo doméstico y agrícola.

Roger Escober vicepresidente del comité, declaró a Noticias Aliadas que “los tajos abiertos [auríferos] de Palo Alto y La Rosa derraman aguas con drenajes ácidos, que terminan llegando al consumo humano, pero la Fiscalía no ha hecho nada”.

Y es que tras el golpe de Estado de junio del 2009, dice Escober, “hemos perdido la confianza en la Fiscalía que, a pesar de saber que hay niños gravemente enfermos, no ha actuado de oficio, como era su deber”.
De no haber pronto una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades, los pobladores no descartan acudir a instancias internacionales en busca de justicia.

Ley controvertida
La Ley General de Minería fue aprobada apresuradamente en 1999, siguiendo la estela de otros países de América Latina.

Como dice Pedro Landa, reconocido activista a favor de una minería limpia, la ley “responde a una iniciativa regional del BID [Banco Interamericano de Desarrollo] y la CEPAL [Comisión Económica para América Latina y el Caribe] consistente en reducir los impuestos y disminuir los controles ambientales para atraer la inversión”.

En el 2004 una serie de organizaciones de la sociedad civil redactaron consensualmente con instituciones del Estado un proyecto de ley que trataba de reconducir la extracción minera dentro de un marco de respeto al medio ambiente y a los derechos de los pobladores, que nunca llegó a aprobarse. Igual suerte corrió otra propuesta de ley, mucho más restrictiva para las compañías mineras, presentada dos años después por la Alianza Cívica por la Democracia (ACD).

En el 2007, la Corte Suprema declaró inconstitucionales 13 artículos de la Ley General de Minería, entre ellos los referidos a la exoneración de pagos de impuestos de las mineras y a la no necesidad de evaluación de impacto ambiental previo para otorgar la concesión, lo que ha sumido a la minería hondureña en un limbo jurídico. De ahí que está ley esté actualmente parcialmente vigente.

El año pasado, el diputado izquierdista Marvin Ponce volvió a impulsar en el Congreso un nuevo texto para la Ley General de Minería. Su contenido es similar al presentado por la ACD y supone, entre otras cosas, una actualización impositiva de la actividad minera.

Ponce subraya “que el subsuelo le corresponde al Estado”, por lo que la ley debe beneficiar fundamentalmente a la población hondureña.

El rechazo por parte de los empresarios locales a la propuesta del legislador ha sido frontal. “Definitivamente estamos en un 100% en contra del proyecto del diputado Ponce, quien quiere cerrar las oportunidades de trabajo a miles de hondureños que necesitan un empleo”, manifestó Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

Falta de consenso en sociedad civil
Lamentablemente, la actual polarización política y social tras el golpe no está permitiendo una articulación social que haga posible incidir políticamente para consensuar una ley aceptable por todos los sectores, que garantice la salud de los pobladores y estándares altos de respeto al medio ambiente, al tiempo que desarrolle los importantes recursos mineros con los que cuenta el país.

Algunos miembros de la sociedad civil, como Pedro Landa, integrante del Centro Hondureño para la Promoción y el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), creen que el texto presentado por la ACD es demasiado ambicioso para que pueda ser aprobado.

“Se ha perdido la perspectiva al buscar la bendición del Frente Nacional de Resistencia Popular [organización surgida contra el golpe de Estado del 2009 y que actualmente aglutina la oposición al actual gobierno] para cualquier tipo de lucha social”, dijo Landa a Noticias Aliadas. “Esto impide una articulación efectiva de la sociedad civil, mientras que del otro lado el poder del grupo empresarial es tan grande que la decisión ya está tomada”.

Mientras el impase se prolonga, los pobladores del valle de Siria confían en que su caso se resuelva y se haga justicia para las personas afectadas, repercutiendo asimismo en el contexto nacional.

“Debemos transmitir esto al resto de la población; nuestra lucha no termina aquí, queremos una nueva ley de minería”, insiste Escober.

Un dictamen de la Fiscalía favorable a los pobladores del valle de Siria, que impidiera a Goldcorp cerrar e irse tranquilamente de Honduras, obligándola en cambio a compensar a los afectados, sería probablemente un primer paso para evitar que Honduras, siglos después de ser un enclave minero colonial, vuelva a poner en manos extranjeras sus riquezas naturales. -Noticias Aliadas.

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!